RESUMEN: En Colombia, los gobiernos nacionales han dirigido las políticas minera y de inversiones a establecer un marco normativo favorable al ingreso de inversiones extranjeras. No obstante, la protección del ambiente y los derechos humanos se constituye en un interés fundamental del Estado y su población, a raíz de la disminución de recursos naturales importantes para la supervivencia humana, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Bajo este panorama, el Estado colombiano se encuentra sometido a tres demandas de inversionistas extranjeros por la prohibición de minería en páramos. Este escrito tiene como propósito reflexionar sobre cómo el derecho internacional de inversiones presenta oportunidades y/o desafíos para que los Estados puedan intervenir, sin consecuencias negativas, en la protección de los derechos humanos y la conservación del ambiente. Así, se toman en consideración las demandas de inversionistas canadienses por la prohibición de minería en páramos, el TLC Colombia- Canadá y laudos arbitrales de controversias internacionales sobre inversiones, donde se ha analizado la presunta vulneración de estándares de protección de inversiones por la adopción de medidas ambientales y de derechos humanos por parte del Estado anfitrión. Lo anterior, en relación con la denominada “primavera de los derechos humanos en el arbitraje de inversiones”.