RESUMEN: El artículo analiza desde una mirada crítica las decisiones adoptadas por el Estado colombiano para los niños que se encuentran bajo una medida de institucionalización como consecuencia de la declaratoria de emergencia social sanitaria en todo el territorio nacional por la pandemia del COVID-19. Si bien Colombia cuenta con una amplia normatividad para la protección de la niñez, al parecer estas garantías constitucionales y convencionales se han desconocido, especialmente, en el Decreto 567 de 2020, que faculta a los procuradores judiciales de familia para adelantar los procesos de adopción, lo que vulnera principios del Estado social y democrático de derecho como la autonomía, independencia judicial e imparcialidad procesal. Se partió de un estudio dogmático utilizando la técnica documental, en un nivel exploratorio. Se concluye la evidente desprotección de los niños institucionalizados, cuyos derechos se encuentran en juego por decisiones contradictorias, ambiguas e inconstitucionales, a la suerte de seguir siendo invisibilizados en la toma de medidas diferenciadas durante los estados de excepción y de normalidad.