RESUMEN: El presente escrito da cuenta de cómo la acción popular constituye un mecanismo constitucional para la garantía del Estado social de derecho, a partir de un estudio de caso de litigio de alto impacto; a saber, la acción popular por los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado de la Vereda Granizal, el segundo asentamiento humano irregular más grande de Colombia. En este proceso judicial se logró probar la efectiva vulneración de derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y la salubridad pública, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y al derecho colectivo fundamental al acceso al agua potable, por lo que los demandados fueron condenados por el Consejo de Estado en segunda instancia a la construcción del acueducto y alcantarillado en la Vereda Granizal. Dicha Sentencia supone un importante precedente judicial para la garantía de los servicios públicos domiciliarios en los asentamientos humanos irregulares en el país, a través del uso de la acción popular y con ello, la garantía de los fines del Estado social de derecho.