RESUMEN: En Colombia existe incertidumbre sobre el carácter normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC-EP-, dado que, en medio de su implementación normativa, varias fueron las vías utilizadas para garantizar su estabilidad en el tiempo, así como la jurisprudencia que lo categorizó. Este artículo realiza una revisión de la interpretación de la naturaleza jurídica del Nuevo Acuerdo en la jurisprudencia constitucional para plantear, en contravía de la tesis dominante, el carácter vinculante del documento político.