Sólo con la entrada del Sistema Penal Acusatorio, Ley 906 de 2004, es que se consagra la prueba de refutación. No obstante, el surgimiento de esta figura jurídica trae no pocos problemas, generados principalmente por su deficiente –casi nula– regulación legal. Su fin específico es contradecir, impugnar una prueba que ha sido practicada por la parte contraria, en medio de la audiencia de juicio oral, para restarle credibilidad a la misma, o lograr que el juez no la tenga en cuenta al momento de tomar su decisión. Atendiendo estas consideraciones, la prueba de refutación en nuestro ordenamiento jurídico, justifica su estudio en virtud al deficiente estudio y su ausente regulación, dirigida específicamente al alcance jurídico dentro del sistema penal acusatorio, los principios que la enmarcan y los antecedentes que permitan relacionar su desarrollo.