El hacinamiento carcelario, presente en la mayor parte de las ciudades colombianas, es un problema de gran calado social que genera el sufrimiento de miles de personas privadas de libertad. El lamentable estado de las infraestructuras penitenciarias y las condiciones deshumanizantes en las que transcurre el día a día de los internos comprometen la posición del Estado como garante de derechos fundamentales. Colombia cuenta con normas que regulan, protegen y preservan los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad y taxativamente podría inferirse que existe un sistema penitenciario garantista, en el diario vivir se evidencia la falta de políticas gubernamentales y mecanismos de protección que den lugar a un óptimo resultado en la aplicación del sistema, de lo contrario las personas que se encuentran privadas de la libertad, no tendrían que acudir a la Acción de Tutela para garantizar el correcto cumplimiento de sus derechos.