La aplicabilidad del proceso de resocialización en el marco de la ley 65 de 1993, está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, quien lo ha desarrollado a través de un Plan de Acción y Sistema de Oportunidades P.A.S.O., compuesto por las fases tratamiento penitenciario y los programas de rehabilitación social en las líneas de trabajo, estudio y enseñanza bajo un sistema progresivo de tres niveles inicial medio y final, dirigido por cuerpos colegiados a nivel institucional como el Consejo de Evaluación y Tratamiento Penitenciario, la Junta de Evaluación de Trabajo Estudio y Enseñanza y el Consejo de disciplina, quienes en colaboración realizan una proyección de tratamiento individualizado a cado interno desde el momento en que ingresa al establecimiento hasta el cumplimiento de la condena, mediante la cual el delincuente según el legislador lograra la resocialización y readaptación social. Sin embargo, los índices de reincidencia delincuencial han generado la necesidad de realizar un examen de los índices de esta aplicabilidad enfocado en la igualdad de género.