Este ensayo gira en torno al requisito de procedencia para la imposición de una medida de aseguramiento o, como es conocida en otros países, prisión preventiva, consistente en el peligro que representa el imputado para la comunidad o las víctimas. Ello, acercándonos a la visión desarrollada por la Corte Constitucional, que ha avalado y protegido la constitucionalidad de tal criterio, aun cuando este se encuentra en contravía con lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y lo desarrollado jurisprudencialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Su finalidad es realizar algunos reparos concretos frente a esta postura de la Corte Constitucional Colombiana haciendo uso de los estándares internacionales de Derechos Humanos trazados por los instrumentos de esta misma índole. Por último, realizar una reflexión respecto de la importancia de la limitación del poder punitivo estatal y la armonización de este con las obligaciones contraídas por el Estado por conducto de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.