El consumo es y ha sido una actividad universal e importante en la cotidianidad del ser humano, a través de él, las personas se procuran al menos los bienes y servicios necesarios para garantizar la subsistencia y mejorar su calidad de vida, de ahí que las legislaciones actuales en un mundo de constante trasformación y crecimiento lo hayan elevado a la categoría de bien jurídico que reclama especial protección por parte del Estado, sobre todo si se tiene en cuenta que cuando se ejerce, entran en juego otros derechos de carácter fundamental, como la autonomía privada y el libre desarrollo de la personalidad. En Colombia el derecho de consumo es una categoría relativamente nueva que se consolida con la expedición por parte del legislador de la ley 1480 de 2011 denominada Estatuto del Consumidor, la cual contiene una serie principios, valores y garantías que se fundamentan en la materialización del ideal primario de fomentar el crecimiento económico sostenido por la equidad y la justicia social, para ello se han creado una serie de mecanismos judiciales entre los que esta la Acción de Protección al Consumidor, como herramienta para lograr el equilibrio entre las partes que participan en el mercado y asegurar así las sanas relaciones comerciales, es por eso que esta investigación aboca un análisis de los elementos que se consideran más relevantes a la hora de determinar si este instrumento a mano de las personas cumple o no los fines propuestos por el legislador en su promulgación para la efectiva protección de los derechos.