La defensa del páramo de Santurbán frente a la minería a gran escala ha centrado el debate nacional en la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades locales. En 2014, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó una delimitación inicial del páramo, pero en 2017 la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-361, ordenó una nueva delimitación que garantizara la participación de las poblaciones locales; mandato que no se ha cumplido plenamente. En su lugar, se han emitido leyes y decretos que ignoran ese derecho constitucional. Esta situación no solo amenaza el equilibrio ecológico del páramo, sino que también pone en riesgo la continuidad de las tradiciones, la historia y las costumbres de los habitantes de la región, particularmente en los municipios de Vetas y California, donde la minería ancestral es un eje fundamental de su cultura y su económica. La metodología utilizada en este trabajo es de enfoque cualitativo. Admite explorar las dinámicas sociales, culturales y políticas desde la perspectiva de los actores locales, quienes aportan una visión centrada en el conflicto socioambiental. Se encontró, a lo largo de la investigación, entre otras cosas, que existe una categoría social, ignorada en las narrativas del gobierno, como es la de los mineros ancestrales, que deben participar de manera efectiva en las decisiones sobre su territorio.