Las acciones constitucionales han sido un mecanismo jurídico importante para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública; la moral administrativa, el ambiente y la libre competencia económica. En los numerosos juzgados del país, se han instaurado demandas, invocando los derechos individuales y colectivos, amparadas en acciones populares. En la Corte Constitucional y/o en el Consejo de Estado reposan muchas de ellas, las cuales se han convertido en letras muertas, testimonios pétreos de derechos invocados, ante la ausencia de estudios que, de manera oficial, visibilicen la información sobre fallos y sentencias, de tal forma que se haga un compendio de los mismos y se conozcan cuáles son las motivaciones y cuáles son los argumentos jurídicos para amparar la demanda o para rechazarla. En la presente investigación, se defiende la tesis de que si se hace un ordenamiento de una muestra de la información inherente en los fallos y sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, alrededor de motivaciones, argumentaciones doctrinales y jurídicas, transgresiones al ordenamiento jurídico y conexidad con otros derechos; la debida escogencia de la acción como vía jurídica, la ineptitud de la demanda por la imposibilidad de acceder por vía judicial a las pretensiones de los demandantes, se podrá tener un horizonte teórico y práctico para su interpretación pertinente.