Con la entrada en vigor de la Ley 2113 el 29 de julio de 2021, se introdujeron una serie de cambios en el funcionamiento y competencias funcionales de las clínicas jurídicas de las facultades de derecho de las instituciones de educación superior en Colombia. Iniciando una serie de procesos de reorganización en la medida que esta reforma legislativa amplíe el portafolio de servicios que estos centros deben ofrecer de forma gratuita y obligatoria para la realización de prácticas académicas. Pese a ello, la reforma visibilizó el déficit en la formación previa que reciben los estudiantes de derecho antes de ingresar a la clínica jurídica, la cual no se enfoca en las cuestiones y temas que, en virtud de las competencias jurídicas asignadas, deben desempeñar como miembros. del despacho, sino en la estrategia pedagógica o el enfoque curricular que cada Institución Educativa dentro de su autonomía le da a sus planes académicos. Así, el estudiante, en la mayoría de los casos, al momento de matricularse en la clínica para realizar su práctica, carece de algunas habilidades y conocimientos necesarios indispensables para garantizar a los beneficiarios de los servicios judiciales que brinden una adecuada asesoría o manejo efectivo del asunto, generando demoras en la atención de los casos, congestión de solicitudes y resultados adversos en los tribunales judiciales imputables a la actuación del estudiante por su acción u omisión.