En el derecho romano la cláusula penal era entendida como la obligación por culpa o dolo, de indemnizar al acreedor por los daños y prejuicios sufridos por la obligación principal. En el ordenamiento jurídico colombiano, la cláusula penal es un acto jurídico bilateral sujeto a una condición suspensiva consistente en el derecho futuro e incierto del incumplimiento por parte de algunos de los sujetos que intervienen en la formación del contrato principal. Como negocio jurídico es unilateral porque solamente es un sujeto el que se obliga a pagar la pena, y es autónomo porque debe reunir los elementos de validez de contrato.