La compra pública entendida como mercado involucra otros sectores como el de la innovación y la adquisición de nuevas tecnologías bajo la denominación de Compra Pública para la Innovación – CPI. A través de ella se busca satisfacer necesidades con soluciones que aún pueden no estar disponibles para la adquisición de los consumidores, ya que se trata de ideas, bienes, obras, servicios o proyectos, algunos de ellos que aún pueden ser sometidos a pruebas o prototipados, o que estando ya disponibles para consumo, generan un valor social diferente o poseen características mejores que aquellos productos o servicios que tiene el mercado. Es apenas lógico pensar que tratándose de un mercado, el Estado se convierte en actor fundamental no solo para la adquisición de bienes y servicios sino también en la regulación de este sector de la economía (Estado regulador) que, al menos en materia de CPI, aún no se encuentra consolidada (Comotto y Meza, 2017), razón por la que hoy existe una barrera para las entidades estatales quienes aunque pueden acceder a estas nuevas soluciones, cuentan con un régimen regulatorio confuso y pendiente por ajustar. La regulación debe atender unos mínimos criterios cuya identificación y adecuada aplicación, permitirá que los actores que intervienen como agentes reguladores de la política de la compra pública, incluyendo innovación y tecnología, no generen fallas o distorsiones (Stiglitz, 2009; BID, 2022) o incluso afecten las dinámicas de oferta y demanda así como las de una sana competencia.