Las prácticas de fortalecimiento institucional y gubernamental a partir de las nuevas tendencias académicas, estatales y sociales formalizadas desde la segunda mitad del siglo XX, han brindado mayor reconocimiento a la vocación participativa en el entendimiento y devenir de los regímenes políticos. Lo anterior, a partir de la construcción integral de los territorios por medio de grupos sociales reconocidos como las JACs y su papel en la construcción de gobernanza, dado que la ciudadanía organizada ha entrado en crisis tras la pérdida de capacidad institucional. Ante este contexto dinámico surgen grandes retos de institucionalidad, tanto para los sectores políticos como para la ciudadanía como tal, que va a ser el foco de debate en el actual trabajo investigativo. Para los dirigentes políticos se estipula la obligación de generar escenarios legales que permitan la organización e intervención activa de la sociedad civil en los distintos procesos de gobierno, para lo cual se hace necesaria la viabilidad jurídica, el apoyo financiero y la promoción de los medios participativos. Por su parte, la ciudadanía debe consolidar una cultura participativa que se rija bajo los principios de la solidaridad, la capacitación y sobretodo la organización en masas.