La estrategia para lograr la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico de manera regional, generando economías de escala y de alcance que den paso a menores costos de operación y administración, aumentos en cobertura, calidad y continuidad, avances en modelos corporativos, y en algunos casos a reducción de tarifas que permitan apalancar mayores inversiones en infraestructura, requiere analizar los mecanismos que permiten la aglomeración de mercados existentes en las normas vigentes del sector, para pasar a articular las competencias de las distintas entidades públicas involucradas con la política pública de agua potable y saneamiento básico, su regulación y su inspección, control y vigilancia; en armonía con la voluntad de los entes territoriales y de los prestadores de los servicios públicos. Además, considerar aspectos estructurales, institucionales, regulatorios y de política pública, para determinar mecanismos orientados a reducir la cantidad de prestadores de servicios públicos en el país, de la mano con la creación de incentivos dirigidos a favorecer los municipios que dispongan su voluntad a la prestación regional de los servicios públicos en su territorio; todo dentro del marco de los derechos constitucionales, especialmente las libertades, económica y de empresa, la libre competencia, y los derechos de los usuarios.