Existe un importante antecedente jurisprudencial que, sin tener la fuerza de un precedente por no haber sido pronunciado por el órgano de cierre (Consejo de Estado), no pasa desapercibido por desarrollarse a través de un Tribunal Administrativo. Se trata de la sentencia de segunda instancia del 27 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en la que, a pesar de la demostración del cumplimiento de la obligación de medio en cabeza de los profesionales de la salud y la buena praxis médica, resuelve condenar por la omisión y/o información incompleta de los riesgos asociados a procedimientos quirúrgicos y que nunca fueron controvertidos a lo largo del debate probatorio. Tal postura resulta controversial, no solo en cuanto al ámbito procesal se refiere (principio de congruencia y tarifa legal del consentimiento informado) sino por la certeza del daño como elemento constitutivo de la responsabilidad.