El presente trabajo de investigación busca contribuir en todas sus formas a contrarrestar los efectos que por consecuencia del desplazamiento forzado han tenido que sufrir las personas, grupos y comunidades que viven en las diferentes regiones que componen nuestro territorio nacional. Para tal efecto las políticas públicas circundadas por una normatividad, una constitución política y un derecho internacional humanitario, han sido en su aplicación nada de lo esperado, ha sido todo lo contrario al mandato legal, una política pública relajada, conformista, desinteresada, con mucha burocracia y empañada de corrupción. Nuestra carta magna en su preámbulo establece unos valores y principios constitucionales que debemos mantener y defender en su orden y que son la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la Paz. Es por lo anterior que la vulnerabilidad de tan preciados derechos tiene que ser protegidos y respetarse hasta las últimas consecuencias, llevando consigo un orden político adecuado para su aplicación y un real compromiso por parte del estado en pro de la dignificación de los derechos humanos.