La cuarta revolución tecnológica, o la revolución de la información, produjo una serie de transformaciones que impactaron tanto la sociedad como la organización del Estado. Lo anterior, aunado a los procesos generados a partir de la globalización, presionó la reestructuración del Estado hacia estructuras flexibles de administración. Estas transformaciones se dan en el marco de una sociedad interconectada, donde se produce un permanente flujo de información. La posibilidad de que los ciudadanos interactúen entre sí y con las instituciones representa un reto para la estructura del Estado en el contexto de la globalización, en todos los aspectos, así como para todo el derecho en sus diferentes dimensiones (Sánchez, 2014, p. 27).