En este artículo se analizará, ¿si el Congreso Colombiano desconoció la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por Colombia, atribuyéndole funciones administrativas jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación?, En aplicación a los casos en que, está Entidad Administrativa suspende y sanciona funcionarios de elección popular; violando su debido proceso, las pautas de convencionalidad impuestas por nuestra Constitución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el referente jurisprudencial del Consejo de Estado, desde el caso del presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego cuando fue alcalde de Bogotá.