En este texto, se presenta un análisis sobre la implementación y el impacto de políticas destinadas a mejorar la alimentación y la salud en las instituciones educativas. Se describen tres fases de intervención: la instalación de infraestructura adecuada (bebederos y dispensadores de alimentos saludables), la promoción del autocuidado en el contexto del COVID-19, y la reactivación de estrategias de comunicación sobre seguridad alimentaria. Se enfatiza la necesidad de involucrar a académicos y expertos en salud pública y nutrición para fomentar un enfoque integral en la educación sobre hábitos saludables. Además, se menciona la Ley 2120 de 2021, que exige a las empresas informar sobre el contenido nutricional de los alimentos ultraprocesados, como un paso hacia la transparencia y la educación del consumidor. Se concluye que es importante promover cambios estructurales en los sistemas escolares para garantizar un impacto sostenible en la formación de hábitos saludables en los estudiantes.