La situación petrolera que atraviesa el país, se encuentra en un escenario descendente, con precios altos, baja producción y bajas reservas1 . La guerra de discursos entre las comunidades indígenas y las empresas de proyectos a gran escala, en particular las petroleras, ha llevado a que no existan soluciones jurídicas eficientes ni tampoco respetuosas de los Derechos Humanos. Con respecto al tema del petróleo, existe información acerca de un potencial de hidrocarburos en el país de 47.000 millones de barriles y un 81% del territorio nacional sin explorar. Sin embargo, los pocos hallazgos al respecto llevan a conclusiones diferentes2 . Por tal razón, existe la posibilidad de que en el futuro el país se vea sumergido en una situación de insuficiencias de excedentes para exportación, y por lo tanto, debería sobrevivir del autoabastecimiento. No obstante, han pasado 16 años, y el país no ha hallado nuevas grandes reservas, lo cual lo está conduciendo a perder su autosuficiencia. Esto lo llevaría, desafortunadamente, a que a mediados de 2006 tuviera que comprar crudo a las multinacionales que operan en el país y, de no aparecer nuevos barriles, en 2009 empezaría a importar hidrocarburos3 . Por esto, es diáfana la necesidad por parte del Estado y de las compañías petroleras, de generar y encontrar recursos nuevos que permitan el abastecimiento del país y por tanto, mayor eficiencia y mejores resultados para sus propias arcas y para la sociedad generalmente considerada. Es prioritario, al intentar lograr el fin anterior, entender que la situación se agrava por consecuencia del derecho de consulta de los pueblos indígenas y sus territorios, en los cuales puede haber recursos capaces de mejorar la coyuntura petrolera del país. Frente a la población en general, las comunidades indígenas se constituyen como una minoría dentro de la Nación. Se ha determinado que para el año 2001 la población indígena estimada en el territorio era de aproximadamente 785.356 personas, distribuidas en los 32 departamentos que tiene el país, lo que representa el 1.83% de la población total del país.4 Además, es claro que la posición de nuestros ancestros es imposibilitar la negociación de sus territorios indígenas por la viabilidad de proyectos petroleros. Un ejemplo claro puede ser la protesta que se que se tomó a Cali en septiembre del 2005, en donde se dispuso la total oposición a los proyectos petroleros por consecuencia de tratados de libre comercio, porque consideraban que dichos pactos eran acuerdos inconsultos, según sus interpretaciones del Convenio 169 de la OIT5 . Por tanto, el problema radica principalmente, en que los pueblos indígenas, tienen la necesidad de respeto y participación para lograr la mayor garantía de sus derechos como pueblos y comunidades, permitiendo el libre desarrollo de sus principios y valores. Por eso es necesario que el Derecho, como sistema regulador de conductas sociales, no sólo proteja a las minorías (comunidades indígenas), sino que haga posible los negocios de manera clara, eficiente y certera, reconociendo la importancia de la supervivencia energética de la Nación. De esta forma, el Derecho entraría como sistema que busca la justicia, bajo procedimientos y decisiones eficientes. Para eso, el Derecho debe tener en cuenta que las personas que mejor conocen la forma o medio de maximizar sus beneficios con el menor número de costos de transacción, son los propios agentes de la negociación6 y la ley, debe permitir el mecanismo idóneo en donde la autonomía de la voluntad sea el instrumento que regule la conducta de las partes, y que permita que concertadamente se tomen decisiones vinculantes, bajo un manto democrático y pluralista. El fin, por tanto, de la presente tesis, es buscar el respeto de la justicia, a partir de la ejecución de la normativa internacional y nacional en materia de Derechos Humanos, y proponer la eficiencia del sistema del Derecho, a partir de la resolución de conflictos con base en la libre negociación de las partes. Lo anterior, se esboza bajo los parámetros jurídicos vigentes, sin proponer reformas ni cambios legislativos