Es necesario reconocer que uno de los aspectos más controversiales en la contratación estatal es el régimen jurídico aplicable a la actividad negocial de las entidades públicas, tópico que, actualmente, supone un variado catálogo de desafíos conceptuales, tanto en el plano sustancial como en el procesal. En ese sentido, la normativa a la cual se somete la actividad contractual constituye un criterio que permite diferenciar unas entidades estatales de otras, específicamente: [i] aquellas que se gobiernan por lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y [ii] las que no se someten a este, sino a lo previsto por las normas especiales que las rigen, preponderantemente el derecho privado . En este punto, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado precisamente ha advertido las implicaciones sustanciales y procesales de que el régimen de contratación de una entidad pública sea el EGCAP u otro exceptuado, en este último caso llegando inclusive a «readecuar» conceptos y criterios propios del derecho administrativo. En tal virtud, este trabajo de grado pondrá en evidencia las diferencias que se derivan del hecho de que una entidad estatal se rija o no por las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, específicamente, en lo relativo al alcance teórico y práctico de las reglas adjetivas contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.