Según el último boletín de 2021 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Colombia alberga a 1.842.390 ciudadanos venezolanos que han buscado refugio desde 2014 debido a la crisis en su país. Las dinámicas migratorias han cambiado, pasando de ser un país receptor en tránsito a ser un receptor permanente, lo que ha llevado a implementar medidas públicas para su integración. Sin embargo, existen múltiples obstáculos para lograr una regularización migratoria, lo que convierte a las políticas en violaciones de derechos humanos. Es crucial destacar que la salud abarca un amplio espectro de factores que afectan la posibilidad de desarrollo pleno y una vida digna para cada persona o grupo social. Obtener acceso a la atención médica no es suficiente, ya que aspectos como la nutrición adecuada, vivienda digna, agua potable y un ambiente saludable también forman parte del derecho a la salud. La investigación se dividió en dos partes: una investigación bibliográfica que respalda el marco referencial y teórico, y una metodología cualitativa con análisis de discurso. Se analizaron sentencias de tutelas presentadas ante la Corte Constitucional colombiana que exigían el derecho a la salud para migrantes, así como las políticas públicas del Ministerio de Salud en respuesta a la emergencia sanitaria por COVID-19 y la migración venezolana.