Esta monografía pone de manifiesto un vicio de inconstitucionalidad material del sistema de reajuste de las pensiones superiores al salario mínimo legal contemplado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, habida cuenta que dicha norma constituye un retroceso en el nivel de protección del derecho a la seguridad social en pensiones, como derecho social fundamental, alcanzado mediante el artículo 1° de la derogada Ley 71 de 1988. Para el efecto, el texto no solamente analiza las obligaciones de progresividad y no regresividad, sino que descarta la sostenibilidad financiera como un argumento que pudiera justificar tal medida regresiva.