El despojo de la tierra en Guatemala, ha sido una dinámica paralela al desarrollo de este país, la cual ha afectado en mayor medida a la comunidad Maya, quien conforma la mitad de sus habitantes. Las prácticas de despojo y desplazamiento forzoso responden a la institucionalización del racismo, y a la estructura económica de Guatemala, teniendo en cuenta que es un país con una economía basada en la agricultura, en la cual los intereses de las elites terratenientes y de los gobiernos militares han prevalecido, sobre el bienestar de la comunidad indígena, con lo cual los esfuerzos por crear procesos de restitución legal de las tierras se han visto envueltos en inexactitudes jurídicas e ineficiencia en la implementación de políticas públicas.