Los intentos dispersos de organización comunitaria y la desarticulación de las comunidades respecto a las instituciones oficiales o privadas presentes en los territorios, fueron situaciones que comenzaron a transformarse de manera visible a partir de la Constitución Política de 1991, donde por vez primera se hizo un reconocimiento étnico a los afrodescendientes. Posteriormente, con el surgimiento de la Ley 70/93, se avanzó en la promulgación de preceptos legales orientados hacia el reconocimiento de los demás derechos que conlleva la identidad étnica de las comunidades negras, todos estos mediados y posibilitados por la concesión del estado de la propiedad colectiva de los territorios a las comunidades negras.