La declaración del siniestro de amparos en la etapa postcontractual por parte de la Administración Pública en los contratos estatales ha atravesado dos etapas en el ordenamiento jurídico colombiano. En la primera, se argumentaba su procedencia en virtud del ejercicio de la autotutela administrativa, como un beneficio de decisión y ejecución previa del cual goza la administración en sus decisiones. En la segunda, marcada por la entrada en vigor del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, su fundamentación pasó a ser parte de la categoría jurídica denominada potestades contractuales. La importancia de esta prerrogativa de la administración pública radica principalmente en su propósito de proteger el interés general y el patrimonio público, ante la materialización de los riesgos que pueden surgir en la etapa postcontractual de la convención. A su vez, la definición, alcance, límites y elementos de este privilegio han evolucionado conforme al grado de precisión establecido por el legislador y la experiencia de los tribunales administrativos. En este contexto, no ha sido una tarea fácil caracterizar esta figura jurídica, ya que su desarrollo ha sido influenciado por diversas tensiones que afectan de manera general a la categoría jurídica de las potestades contractuales. En ese sentido, las amplias discusiones que caracterizan las potestades contractuales han llevado a que las entidades estatales en calidad de operadores jurídicos dispongan de varias interpretaciones respecto del concepto de potestad y el procedimiento administrativo para ejercer algunas de estas prerrogativas, en específico, la mencionada declaración del siniestro de garantías. En el caso de la jurisdicción contencioso administrativa, el Consejo de Estado ha abordado este tema específico al proporcionar contexto de acuerdo con los desarrollos histórico-legales. Sin embargo, persisten discrepancias en cuanto al procedimiento apropiado para la aplicación de la potestad y sus manifestaciones, incluso dentro de la misma Corporación.