La presente investigación abordará la cuestionable vigencia de la Ley 600 del 2000 como esquema procesal encargado de la investigación, acusación y juzgamiento de los aforados constitucionales, específicamente de los Congresistas de la República. Para ello, se ilustrarán de forma crítica dos problemas de dicho esquema procesal que imposibilitan a Colombia cumplir con las obligaciones contraídas en la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por un lado, la inexistencia de una doble instancia para los autos proferidos por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en las fases previas al juicio (ej. medidas de aseguramiento, resolución de apertura de instrucción, calificación del sumario, etc.). Por el otro, la violación al principio de imparcialidad cuando es la misma autoridad quien investiga y acusa. La presentación, descripción y análisis de dichas situaciones evidenciará la inconstitucionalidad de este sistema procesal a la luz de los estándares internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad. Por ello, la investigación buscará presentar al lector una solución que garantiza el principio de imparcialidad y doble instancia dentro del proceso penal que se adelanta contra los Congresistas. De tal manera, que los todos los esquemas procesales vigentes hoy en Colombia respondan a las tendencias internacionales y las obligaciones suscritas por el Estado colombiano.