Los derechos asociados al trabajo están dotados de una naturaleza constitucional especial, por lo que frecuentemente son los Jueces de Trabajo quienes se ven en la necesidad de ejercer los controles de legalidad para cada caso que requiera un pronunciamiento de la autoridad, en aras de mantener los mínimos legales, incrementando de manera agigantada la congestión judicial. Aun cuando las personas tienen la posibilidad de negociar y pactar acuerdos respecto de sus propios derechos laborales, el acompañamiento apropiado del Ministerio de Trabajo sería fundamental para propender por la dignificación de estas actividades a través de la ejecución de políticas públicas y acciones concretas para la correcta concreción y ejecución de acuerdos viables, legales y legítimos sobre disputas laborales. Por lo tanto, en esta investigación se acota la competencia del Ministerio de Trabajo para proferir un programa de difusión de derechos laborales, que se convierta en una herramienta eficiente y útil para que los ciudadanos puedan zanjar sus propios conflictos laborales, sin vicios de nulidad por transgredir los derechos mínimos y sin necesariamente tener que entablar un Proceso Ordinario Laboral en los estrados judiciales.