La aplicación de las normas de protección de la competencia en Colombia se ha llevado a cabo, casi de forma exclusiva, a través de la Autoridad Pública encargada de su protección, evidenciando la preponderancia de un sistema de aplicación pública (Public Enforcement). No obstante, dentro del ordenamiento jurídico colombiano existen herramientas para la aplicación privada de normas de competencia (Private Enforcement), que posibilitan la presentación de acciones encaminadas a la indemnización de perjuicios originados en una conducta restrictiva de la competencia. Teniendo en cuenta que las conductas restrictivas de la competencia suelen generar perjuicios a un gran número de individuos, las acciones de grupo ?instauradas por un conjunto de accionantes- juegan un rol fundamental al establecerse como un mecanismo idóneo para indemnizar perjuicios causados a un número plural de personas y fortalecer la aplicación de las normas de protección de la competencia.