Sin duda, uno de los debates más relevantes e interesantes de la economía política contemporánea consiste en la determinación de los límites a la intervención del Estado en la actividad económica. Porque si bien para unos este puede ser un agente que entorpece la actividad privada limitando sus potenciales de generación de riqueza, empleo y desarrollo, para otros es necesaria para corregir las fallas del mercado y permitir una distribución adecuada de las oportunidades. Este debate que, en principio, se tenía como terminado con la supuesta implantación definitiva de las posiciones contrarias al mayor intervencionismo estatal y favorables a la desregulación, así como por la supuesta estabilización indefinida del ciclo económico y el fin de las crisis, por lo menos en lo que hace a las actividades propias de los mercados financieros y de valores (en adelante denominados conjuntamente como mercado de capitales), tomó nuevo impulso cuando fue necesario recurrir al activismo fiscal y monetario para enfrentar y superar una crisis cuyos efectos aún se sienten hoy, más de diez años después de sus primeras manifestaciones.