La presente monografía describe las diferentes obligaciones que ha adquirido Colombia dentro del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos en relación con los derechos políticos, específicamente en materia de participación ciudadana, y, como cada una de ellas ha sido debidamente incorporada en el ordenamiento jurídico interno. Esto con el objetivo de analizar si se han otorgado las garantías idóneas para su ejercicio en los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en los cuales niegan la procedencia de las consultas populares en temas de extracción de recursos naturales. Lo anterior se realizará a partir de una investigación de tipo Socio jurídica con enfoque cualitativo que permite evidenciar que la participación de las comunidades a través de dicho mecanismo es una manifestación política protegida constitucional y convencionalmente.