Los avances tecnológicos y el, cada vez más fácil, acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC, han permitido la prominente evolución de la actividad comercial. Este hecho manifiesta uno de los efectos de la globalización; traducido en la eficaz interacción entre las partes gracias a la ruptura de la barrera de la distancia y el fácil acceso de consumidores a proveedores de productos y servicios a tan solo un clic de distancia. En este sentido, la globalización y la vertiginosidad entre negocios y su competitividad, son la base de un robusto comercio desarrollado a través de medios electrónicos, y que muestra el avance tecnológico de los países industrializados y su eficaz intercambio de bienes y servicios. Este portento no ha sido ajeno al Estado colombiano y, tal como se ha manifestado en la jurisprudencia colombiana, dichos avances han planteado retos para el derecho debido a los efectos directos en la estructura política y económica de la sociedad. Al incidir el comercio electrónico dentro del tráfico jurídico en la distribución de bienes y servicios, demanda diversas respuestas de ordenamiento jurídico que enmarcan aspectos como; obligaciones, efectos probatorios, delitos cibernéticos, protección del consumidor, entre otras consideraciones que se develan en el proceso de intercambio comercial.