El ejercicio de la docencia en Colombia se encuentra orientado legalmente desde la figura ministerial del decreto, que mediante fuerza de ley propone un estatuto que determina las actividades y condiciones laborales del profesorado nacional. Históricamente el primer ordenamiento legal de este tipo surgió en 1979 con el decreto 2277 donde se dictaminaron los parámetros para contratación, cualificación y desarrollo profesional en instituciones educativas del sector público y privado en el país. Los retos emanados de las transformaciones legales del nuevo milenio aunados al deseo de fomentar un espíritu de cualificación académica fueron el escenario en el cual el decreto 1278 de 2002 extiende su aplicación con el deseo de seguir fomentando la profesionalización docente, mediante una conjugación de un reconocimiento económico para aquellos docentes que cursen y aprueben posgrados que incluyen especializaciones, maestrías y doctorados; fomentando desde una mejor cualificación docente un mejor desempeño en las aulas y por consiguiente mejores estándares de calidad educativa del sistema público educativo. Este espíritu estamental de cambios y transformaciones mediante un nuevo ordenamiento legal, proveniente del escenario político, surge en momentos coyunturales para el país por cuenta de movimientos sociales, caracterizados por la protesta estudiantil que buscaba mejores condiciones en la infraestructura, calidad y formación docente en Colombia. La convergencia entre las nuevas políticas públicas y las manifestaciones sociales que buscaban discutirlas y modificarlas, constituyen un tejido de relaciones que desde la revisión documental e indagación contextual construyen el cuerpo de esta investigación, que pretende ahondar en los determinantes sociopolíticos y económicos en el diseño y aplicación de los estatutos docentes en Colombia.