El conflicto armado interno genera entornos violentos que producen un desproporcionado impacto en la garantía y el ejercicio efectivo de los derechos de la mujer, como lo indicó la Corte Constitucional en el Auto de seguimiento 092 de 2008, donde visibilizó la necesidad de adoptar medidas específicas y diferenciales para las mujeres, al confirmar que en el conflicto armado el impacto de la violación de los derechos humanos es desproporcionado y diferencial para ellas, porque sumado a las prácticas socioculturales de exclusión y violencia física y sexual que soportan tradicionalmente, se incrementan las situaciones de riesgo y vulneraciones. En consecuencia, el Gobierno nacional implementó acciones basadas en el enfoque diferencial mediante su política pública para la prevención de riesgos, la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado, dado que la superación de esta problemática mediante la justicia, la verdad y la reparación integral de las mujeres víctimas de manera diferencial es insumo indispensable para la construcción de la paz en Colombia.