La ausencia de regulación en materia de concursos de conductas punibles dentro del articulado de la Ley 1820 de 2016 es una problemática que atañe a la Sala de Amnistía e Indulto (SAI) al determinar la correcta procedencia de las instituciones jurídicas de su competencia. Esto se hace evidente a partir de un análisis de las reglas doctrinales para la identificación de concursos de delitos con relación a los criterios de conexidad al delito político y los de exclusión de amnistía, lo que demuestra la dificultad inucitada que representa el tipo penal de rebelión como un delito complejo para el adecuado reconocimiento de hechos susceptibles de estos beneficios transicionales. Este estudio permite vislumbrar la contrariedad de las vías interpretativas resultantes de la observancia de la rebelión como unidad de acción o de la aplicación exclusiva de los parámetos legales de conexidad. Lo anterior pone de presente que la adopción de una exégesis u otra direccionará al intérprete a la defensa de intereses aparentemente contrapuestos, ello termina por exaltar la importancia de la figura del concurso de delitos y conlleva a cuestionar la implementación de un tratamiento diferencial de la misma al interior de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP).