Esp. Después de más de medio siglo de la 'Guerra contra las drogas', la política prohibicionista liderada por Estados Unidos respecto al consumo de sustancias psicoactivas no ha logrado los resultados esperados, tanto a nivel nacional como internacional. Por medio del presente estudio se pretende comprender las políticas de drogas mediante el análisis de la gubernamentalidad, explorando las transiciones paradigmáticas de los dispositivos, prácticas y racionalidades que deshumanizan a los consumidores de SPA, especialmente aquellos en situación de calle. Se emplea el método de análisis arqueológico de la legislación y políticas adoptadas por el Estado colombiano para abordar la problemática y el impacto de estas políticas en la identidad y el bienestar de este grupo de individuos, arrojando luz sobre las complejas dinámicas que rodean el consumo de drogas en Colombia y su repercusión en la sociedad contemporánea. Además, se recurre a la fenomenología como metodología para elevar el tema a un ejercicio de conciencia que permita comprender los efectos de las prácticas gubernamentales predominantes y sus impactos en la deshumanización del cuerpo de los consumidores, asumiendo un paradigma orientado a la gestión del placer y la reducción de riesgos y daños para los usuarios de SPA. La elección de las políticas de drogas implementadas en Colombia han transformado la percepción y el tratamiento de los consumidores de sustancias psicoactivas, llevándolos desde prácticas rituales ancestrales hasta situaciones extremas de excepción y control político sobre la vida y dignidad del individuo. Esto ha erosionado su capacidad de tomar decisiones autónomas y ha despojado su sentido de propósito en la vida. Es crucial que la sociedad adopte una postura reflexiva y crítica, consciente de las necesidades reales, y se oriente hacia un cambio de mentalidad y acciones impulsadas por las instituciones. Estas acciones deben basarse en análisis y reflexiones rigurosas, guiadas por consideraciones éticas y tácticas, con el fin de ejercer un control social que proteja la vida y promueva la justicia social. Esto implica fomentar una práctica de gobierno que priorice la protección de la vida y la autonomía individual.