Los investigadores asumen el hábitat con el calificativo de popular, porque aceptan que hay una desigualdad en la configuración espacial como parte misma de la valorización del capital. A su vez, expresan el por que no hay una racionalidad en terminos cartesianos, en las políticas que el Estado traza para ese hábitat popular, sino que las determinan integradas a la lógica del capital y, por lo tanto, no perturban su valorización. Al Estado y a la espacialidad los consideran como parte constitutiva de la misma relación. Demuestran "cómo desde finales de 1950 se vienen consolidando una serie de instrumentos políticos, ideológicos, presupuestales, tecnicos y operativos que permiten comprobar que los sectores populares han sido objeto de políticas institucionales, desde hace aproximadamente 33 años en el contexto de la problemática urbana. Contestan a los interrogantes: de que política se trata, cuáles han predominado y que relaciones se establecen entre este grupo de población y las instituciones que las hacen posibles.