La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido pronunciándose en los últimos tiempos sobre el valor de la independencia judicial entendida no sólo como principio o pilar del Estado de Derecho, sino también como un derecho humano dotado de contenido propio, de titularidad de los justiciables y que pone en cabeza de los jueces y de los Estados parte en la Convención Americana, importantes obligaciones ligadas a su respeto y garantía, así como a la prevención de intromisiones que puedan resultar atentatorias de la misma. Desde este precedente se han visto compelidos a reparar en el contexto interamericano los Estados de Venezuela y Perú por transgredir la necesaria independencia de los jueces, al no haber garantizado alguno de los tres componentes del derecho (adecuados procesos de nombramientos de jueces, inamovilidad en sus cargos y garantías contra presiones externas). El presente documento constituye un esfuerzo por analizar la responsabilidad de un Estado parte en la Convención Americana como lo sería el colombiano, al haber comprometido a la independencia judicial entendida como derecho humano, con ocasión de las intromisiones indebidas del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, durante el periodo 2006-2009.