El artículo analiza el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, propuesta por el Gobierno Nacional y llama la atención sobre la ausencia en el debate del tema de la autonomía universitaria teniendo en cuenta los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional expone argumentos orientados a demostrar la viabilidad y pertinencia de una ley estatutaria para esta materia, en perspectiva de entender la educación superior como un derecho y un bien público.