A través de este trabajo se quiere mostrar el abismo que se suscita entre la actividad judicial realizada por los magistrados de las Altas Cortes, que orientan la jurisprudencia nacional y quienes fungen en los cargos inferiores de la jerarquía judicial; esto es, los Jueces Penales del Circuito, -que en Bogotá, constituyen un grupo aproximado de 48 funcionarios activos-, en relación con el tratamiento que se ha venido dando desde la creación del SPA, al tema de los preacuerdos y las negociaciones. La cuestión no ha sido pacífica. De ello dan cuenta las vertientes que en ejercicio del recurso extraordinario de casación o por control de exequibilidad normativa, o en sede de tutela, han generado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Han transcurrido casi quince años desde la implementación del sistema y aún no existe unificación en cuanto al tratamiento de estos institutos, por virtud del ejercicio de interpretación que llevan a cabo en su quehacer cotidiano, la Fiscalía, amparada en su función orientadora de la Política Criminal del Estado, los Jueces Penales y Magistrados de Salas Penales en el país, que convergen y determinan los pronunciamientos de las Altas Cortes y la Corte Suprema de Justicia en sus Salas Penal y de Tutelas, lo cual conduce a la inseguridad jurídica, en tanto no existe certeza en el ciudadano acerca de la solución que desde los estamentos de justicia, se dará a su conflicto. (texto tomado de la fuente)