Este artículo analiza la prolongación del despojo territorial durante la implementación del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército Popular (FARC-EP) en el 2016. A través del estudio de caso de la Hacienda Bellacruz (Cesar), argumento que los contratos estatales para el uso agroindustrial de baldíos adjudicables hacen fungible el territorio e implican el saneamiento automático de su apropiación irregular. Esta investigación plantea una contribución a las lecturas críticas de la propiedad pública, a partir de aproximaciones teóricas en geografía legal. El caso analizado explica de qué manera la violencia produce regímenes de ocupación irreversibles; mientras que otras relaciones que suceden dentro del territorio se vuelven cada vez más intercambiables. A modo de conclusión, este escrito interpela el lugar de las demandas redistributivas campesinas en la economía política de las transiciones.