Este estudio analiza los diferentes precedentes jurisprudenciales y actos legislativos en el marco de la formalización de la propiedad rural en Colombia; así como la evolución jurisprudencial en torno al desplazamiento forzado y la restitución de tierras. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-025 de 2004 declaró que la reiterada vulneración de los derechos fundamentales de la población desplazada llegó a constituir un ‘estado de cosas inconstitucional’ y a partir de esto, “estableció una serie de órdenes en materia de políticas públicas a las instituciones del Estado, con el fin de garantizar y proteger derechos fundamentales” (Alzate, 2014, p. 50). Por esta razón; esta investigación busca establecer un compendio constitucional de precedentes jurisprudenciales que demuestran las categorías y derechos que se han logrado adquirir con el paso de los años para las víctimas del conflicto, señalando quiénes han intervenido en esta evolución, sus partidos, intereses y centros de pensamiento en los que se han formado. La Corte Constitucional confirió plazos y compromisos a las autoridades; evaluó la política pública y su idoneidad para garantizar los derechos de la población desplazada; reflexionó sobre los compromisos de las entidades territoriales; y promovió la participación de la sociedad civil y las universidades para realizar el respectivo seguimiento. Se evaluaron las diferentes reformas agrarias de los últimos 80 años expuestas en Leyes y planes de gobierno, cuyos objetivos han sido construir un campo más productivo y equitativo, pero que, debido al conflicto armado, la corrupción y el conflicto de intereses han sido imposibles de cumplir. Utilizando un enfoque de investigación mixto que permite organizar las categorías fundamentales de cada sentencia A (Actos), C (Acción pública de inconstitucionalidad) o T (Tutela) declarada por la Corte, se logró determinar que las reformas agrarias han sido en favor de latifundistas y megaproyectos industriales. A pesar de esto, la Ley de restitución de tierras 1448 de 2011 quiso devolver a millones de familias desplazadas por la guerra al campo colombiano, pero desde su implementación se ha demostrado como no se cumplirán las metas iniciales debido a ciertos actos del aparato burocrático y legislativo. A dos años de finalizar la implementación de la Ley aún existen barreras institucionales, judiciales y de violencia que imposibilitan cumplir dichos objetivos.