El acceso a la justicia ha dejado de ser una institución meramente formal que proclama la “igualdad de armas” a litigantes que acuden al sistema judicial. Por el contrario, se ha resignificado como un derecho fundamental, cuyo núcleo esencial se materializa en la medida en que las personas en situación de desventaja social puedan acudir al sistema de justicia en condiciones de igualdad, sin dilaciones, y recibir una respuesta oportuna y pertinente, para que así se ampare el resto de sus derechos ciudadanos y se vean satisfechas sus necesidades de justicia. En tanto el derecho de acceso a la justicia demanda del Estado una actuación para su goce efectivo, se hace necesario el diseño e implementación de políticas públicas, mediante las cuales se provean las condiciones institucionales suficientes para que la igualdad expresada en los textos constitucionales no sea una quimera, imposible de cumplir. Este trabajo reflexiona sobre el rol de la administración distrital de la ciudad de Bogotá D.C. en el diseño y ejecución de políticas de acceso a la justicia, a través del análisis de un instrumento denominado Plan Maestro de Equipamientos para Seguridad, Defensa y Justicia, desde un enfoque de redes de políticas públicas. El análisis permite ver cómo se ha configurado la política pública a partir de discursos compartidos, en torno a los cuales se articulan redes de actores con alta concentración de poder, y con relaciones caracterizadas por la negociación asimétrica. (texto tomado de la fuente)