El principio de gradación normativa que consagra la Ley 99 de 1993 no ha sido desarrollado por el ordenamiento jurídico colombiano y tampoco ha sido objeto de análisis específico por parte de la Corte Constitucional; algunas personas incluso lo confunden con principio de jerarquía del ordenamiento. En este contexto, resulta pertinente preguntarse si se justifica la existencia de ese principio.