El presente artículo analiza la procedencia de la responsabilidad patrimonial del Estado a partir de los daños antijurídicos causados como consecuencia de los actos legislativos de reforma constitucional, previa declaración de inexequibilidad debido a la desatención de los límites formales o competenciales contemplados en el texto constitucional. Esta situación deriva en la configuración de la falla en la prestación del servicio por incumplimiento de la carga obligacional del Estado y permite la aplicación de la cláusula general de responsabilidad, en la cual no se exceptúa a ninguna autoridad pública.