La tutela judicial efectiva es el derecho de toda persona de accionar ante el Estado, para que mediante un proceso judicial desarrollado con las garantías propias del debido proceso, el juez natural, imparcial e independiente escuche a los sujetos procesales y profiera en un término razonable una sentencia debidamente motivada y fundada en la valoración de las pruebas. Tal decisión debe resolver de fondo la controversia atendiendo los principios de verdad y justicia, además de ser susceptible de ejecución a través de los medios idóneos dispuestos por el legislador. Así pues, la tutela judicial efectiva comprende el derecho a probar y obtener una sentencia motivada, verdadera y justa, prerrogativas que imponen al juzgador decretar pruebas de oficio, cuando resulten necesarias para esclarecer los hechos, so pena de generar su vulneración, máxime en aquellos supuestos en que de acuerdo con la jurisprudencia nacional, es ineludible ejercer el deber.