RESUMEN: La Jurisdicción Especial para la Paz se ha perfilado como la prueba de fuego de la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC. En su configuración han confluido una serie de tensiones que dan cuenta, más allá del propósito de consolidar una “paz estable y duradera”, de la resistencia de sectores políticos tradicionales al reconocimiento del enemigo político y su participación en los escenarios de discusión y decisión política del país. Atizan estos dilemas las disputas que debe hacer la JEP para que su modelo de justicia transicional – retributivo y restaurativo – tenga legitimidad política y social en un país donde hacer justicia significa impartir penas de prisión y donde la verdad, la restitución y restauración de las víctimas se miden en torno al tiempo que dure la pena. Desde la perspectiva de la sociología jurídica y apoyada en la investigación documental bajo la modalidad de análisis de contenido, se analizan los anteriores elementos. Con esto se logra mostrar como las penas alternativas a la prisión y el modelo restaurativo se perciben socialmente – y mediáticamente se muestran - como sinónimos de impunidad, se exponen los factores que impiden la estabilización y funcionamiento a plenitud de la JEP y se hace una reflexión en torno a la administración de justicia, tomando como base el contexto histórico de violencia que ha vivido Colombia, la configuración social de los actores en disputa y develando dónde queda la justicia en esta gran coyuntura.