RESUMEN: A propósito de las facultades discrecionales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para trasladar de centro de reclusión a los detenidos, este escrito se pregunta por la coherencia del discurso liberal al momento de ejecutar la pena privativa de la libertad o de aplicar una medida de aseguramiento de detención preventiva en un centro carcelario. El constante reclamo, tanto de los detenidos como de sectores sociales, para que en la fase de ejecución penal se respeten los derechos y garantías de los reclusos, permite constatar el carácter subordinado e instrumental de la discursividad de los derechos fundamentales, que a la vez que se erigen como pretendida fuente de legitimidad del castigo, develan el fracaso de los fines declarados de la pena de prisión en la normatividad colombiana, dejando abierto los interrogantes sobre cuáles son los fines de la cárcel y cómo incide ésta en las subjetividades de quienes la habitan.